El grupo parlamentario de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía ha pedido al presidente de la Generalidad de Cataluña que diga a la ciudadanía si va a seguir incumpliendo el auto de obligado cumplimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), del pasado 4 de julio, que obliga a la Consejería de Educación a aplicar (en el actual curso escolar 2008-2009) el Real Decreto del Ministerio de Educación por el que se establece como obligatorio aplicar tres horas de castellano a la semana en las escuelas de Cataluña.
En la sesión de control al Gobierno autonómico, Antonio Robles, diputado de Ciudadanos, le ha recordado a José Montilla que el incumplimiento del auto podría llevar al consejero de Educación, Ernest Maragall, ante los tribunales de Justicia por desobediencia a estos, según se recoge en el artículo 410 del Código Penal, y por incumplimiento de la Constitución en su artículo 118, que señala que las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento.
Sorprendentemente, la respuesta de Montilla ha sido la de defender que la máxima ley a la que se debe su Gobierno es el Estatuto de Autonomía de Cataluña y al resto de leyes, del texto estatutario hacia abajo. Lo que no incluye, lógicamente, la Constitución.
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