Un artículo de Ángel de la Fuente en el Periódico de Catalunya.
La limitación del título de esta columna a 13 caracteres me obliga a recurrir a abreviaturas. Como el lector sospechará, "FinAut" va por "Financiación Autonómica". El uno entre paréntesis anuncia que esta es la primera de una serie de columnas, sobre un tema que será, me apuesto una buena cena, uno de los primeros y más persistentes dolores de cabeza del nuevo Gobierno.
Quiero empezar destacando que el sistema de financiación regional es de vital importancia por dos razones. La primera y más obvia son las pelas. El sistema determina los recursos de las administraciones responsables de los servicios públicos con mayor incidencia directa sobre la vida de los ciudadanos. No es de extrañar, por tanto, que los responsables de estas administraciones se lo tomen muy en serio. Y también deberíamos hacerlo los demás porque la calidad de nuestras escuelas, hospitales y servicios sociales depende directamente de él.
Menos obvio pero menos interesante es el hecho de que el correcto diseño del sistema de financiación territorial es crucial para el funcionamiento del estado autonómico. De él depende el cumplimiento efectivo de los principios constitucionales de igualdad y autonomía así como el que los distintos niveles de gobierno tengan los incentivos correctos para que sus decisiones de gasto e ingreso reflejan las preferencias de sus ciudadanos.
El sistema debe garantizar a los Gobiernos regionales un margen suficiente para modular, al alza o a la baja, sus ingresos fiscales, pero ha de hacerlo. Sin compremeter el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional (a igualdad de obligaciones fiscales). También tiene que conseguir que el mismo gestor público que decide aumentar el gasto para mejorar prestaciones haya de preocuparse de cómo financiarlo y asegurar que los ciudadanos tengan muy claro que las dos cosas van juntas para poder votar en consecuencia: Si no se cumple alguna de estas condiciones, el mandato constitucional acaba distorsionando las decisiones públicas de una forma no deseable.
La limitación del título de esta columna a 13 caracteres me obliga a recurrir a abreviaturas. Como el lector sospechará, "FinAut" va por "Financiación Autonómica". El uno entre paréntesis anuncia que esta es la primera de una serie de columnas, sobre un tema que será, me apuesto una buena cena, uno de los primeros y más persistentes dolores de cabeza del nuevo Gobierno.
Quiero empezar destacando que el sistema de financiación regional es de vital importancia por dos razones. La primera y más obvia son las pelas. El sistema determina los recursos de las administraciones responsables de los servicios públicos con mayor incidencia directa sobre la vida de los ciudadanos. No es de extrañar, por tanto, que los responsables de estas administraciones se lo tomen muy en serio. Y también deberíamos hacerlo los demás porque la calidad de nuestras escuelas, hospitales y servicios sociales depende directamente de él.
Menos obvio pero menos interesante es el hecho de que el correcto diseño del sistema de financiación territorial es crucial para el funcionamiento del estado autonómico. De él depende el cumplimiento efectivo de los principios constitucionales de igualdad y autonomía así como el que los distintos niveles de gobierno tengan los incentivos correctos para que sus decisiones de gasto e ingreso reflejan las preferencias de sus ciudadanos.
El sistema debe garantizar a los Gobiernos regionales un margen suficiente para modular, al alza o a la baja, sus ingresos fiscales, pero ha de hacerlo. Sin compremeter el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional (a igualdad de obligaciones fiscales). También tiene que conseguir que el mismo gestor público que decide aumentar el gasto para mejorar prestaciones haya de preocuparse de cómo financiarlo y asegurar que los ciudadanos tengan muy claro que las dos cosas van juntas para poder votar en consecuencia: Si no se cumple alguna de estas condiciones, el mandato constitucional acaba distorsionando las decisiones públicas de una forma no deseable.
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