El aprendiz de brujo

La opinión de Rosa Massagué en el Periódico de Catalunya


Había una vez en Italia una logia masónica clandestina llamado Propaganda Dos, más conocida como la P2. Sus afiliados eran, todos, gente con poder. Con mucho poder. Había banqueros, políticos de distinta orientación, militares de alta graduación, jefes de servicios secretos, empresarios, propietarios de medios de comunicación, periodistas e incluso algún miembro de la exiliada casa de Saboya. El mandamás de este conciliábulo era Licio Gelli, un toscano que había venido a España durante la guerra civil con los Camisas Negras que Mussolini había enviado para ayudar a Franco. También había sido uno de los fundadores del partido neofascista italiano después de la segunda guerra mundial y hoy es un anciano de 90 años que frecuenta la poesía y custodia su importante y temible archivo privado.

En los años 70, una larga serie de sucesos desestabilizadores, como fueron intentonas golpistas, atentados terroristas, escándalos financieros y enigmáticos asesinatos, sacudieron Italia. En 1981, las investigaciones sobre uno de los muchos misterios de aquellos años llevaron a unos jueces a seguir la pista de aquel maestro venerable y encontraron una lista con casi 1.000 nombres de afiliados a su logia secreta que explicaba vinculaciones con muchos de aquellos rompecabezas. Algo más tarde, hallaron un documento que sería más revelador.
Titulado Plan de renacimiento democrático, consideraba que los sindicatos y el Partido Comunista, que entonces era el segundo partido de Italia y negociaba el compromiso histórico con la Democracia Cristiana, eran dos excrecencias a eliminar y trazaba un programa político para crear un sistema autoritario dentro de una legalidad ad hoc en el que el papel de la información debería ser primordial.
El proyecto secreto era muy detallado. A grandes rasgos, preveía la instauración del bipartidismo, el control de los medios de comunicación, la reforma de la Constitución y la limitación del papel del presidente de la República, la reforma de la magistratura y la sumisión de su órgano de autogobierno al control del Ejecutivo, la compra de voluntades y muchas otras medidas que, aun siendo de menor calado, impregnaban la política y amplios sectores de la vida social.
Por fortuna, la ley y el orden democráticos funcionaron. La justicia hizo su trabajo y el Parlamento no se arredró. Una comisión de investigación del Legislativo, encabezada por Tina Anselmi, una diputada democristiana de reconocida independencia, concluyó en su larguísimo y muy documentado informe que la P2 era una organización criminal cuyo objetivo era: «Alterar, a menudo de un modo decisivo, el normal funcionamiento de las instituciones del país, en base a un proyecto […] destinado a socavar nuestra democracia».
El descubrimiento del plan, su carácter delictivo y el paso por los tribunales de su protagonista con las correspondientes condenas no implicaron la muerte de un proyecto que aspiraba a instaurar el autoritarismo en Italia. Aquel proyecto está realizándose lentamente. Ya en el 2003, a mitad del segundo Gobierno de Silvio Berlusconi, Gelli declaraba en una entrevista al diario La Repubblica: «Miro al país, leo los diarios y pienso que todo se está realizando, poco a poco, pieza a pieza. Quizá debería reclamar derechos de autor. La justicia, la televisión, el orden público. Lo escribí todo hace 30 años».
La erosión de las libertades, el control asfixiante de los medios de comunicación televisivos y de papel, con honrosas excepciones como el citado La Repubblica o L’Unità; el uso de la justicia con fines que poco o nada tienen que ver con la equidad y la manipulación de la magistratura; la difamación y el menosprecio del adversario; el debilitamiento del poder legislativo a base de gobernar sin ninguna justificación con decretos que no pasan por las cámaras; los repetidos ataques a la máxima representación del Estado, que es el presidente de la República, Y la adopción de medidas populistas de la peor especie en cuestiones como la inmigración y la ley y el orden, toda la acción de gobierno de Berlusconi en los años que ha permanecido al frente del Ejecutivo en los distintos mandatos parecen ser la puesta en práctica de aquel proyecto ideado por Gelli.
Sin embargo, hay un punto en el que difieren el proyecto masónico y la actuación del actual primer ministro. Gelli se presentaba como un salvapatrias y lo hacía moviendo los hilos detrás de las bambalinas (se le llamaba el titiritero), mientras que el actual presidente del Gobierno aspira a salvar sus negocios y lo hace desde un primer plano político y mediático. Otra diferencia es la confusión entre vida pública y vida privada de la que hace gala el político milanés.

La sentencia del Tribunal Constitucional italiano tachando de inconstitucional la infame ley Alfano, hecha a medida de Berlusconi para otorgarle inmunidad judicial, es una victoria del maltrecho Estado de derecho. Ahora, ante la ley, el primer ministro es el ciudadano Silvio Berlusconi. En el desempeño de su deber, los magistrados del alto tribunal han devuelto la seriedad a una Italia que se representaba en el chiste malo y la astracanada y que acepta sin apenas discusión la ejecución de un proyecto autoritario y antidemocrático.
Por cierto, el de Berlusconi era uno de los 972 nombres que aparecían en la lista de miembros de la P2. Pagó las modestas 10.000 liras (unos 6 euros) de su inscripción el 26 de enero de 1978.