Ley de lenguas para Aragón

La opinión de Román Lobera


Recientemente se ha admitido a trámite en el parlamento aragonés el proyecto de Ley de Lenguas para Aragón. Como siempre que se avanza en materia lingüística, no hay forma de acceder a la información desde los mismos partidos que la han promovido y aprobado.
En respuesta a esa estrategia de hacer las cosas “de tapadillo”, hasta que son “de facto”, y por si el aragonés medio no es consciente aún de lo que se le viene encima con este proyecto de ley, voy a hacer un pequeño esquema de las consecuencias de esta medida:
Que una lengua sea cooficial en una administración, aunque sea en parte, significa que cualquiera puede dirigirse en ella con perfecto derecho en cualquiera de las instituciones y servicios públicos de la comunidad.

Eso quiere decir que, en unos años, todos los funcionarios que atiendan al público, deberán responder adecuadamente a alguien que lo haga en catalán o en aragonés. Aunque sea el ayuntamiento de Purroy. A la hora de optar a un empleo público, o de cara al público, se darán prebendas a aquellos que conozcan una o las dos lenguas. Jueces, policías, conductores de autobús, taxistas, médicos, comerciantes, deberán estar preparados para servir a un catalanoparlante. La Universidad, la Justicia, Sanidad, vialidad, todas las instituciones se verán afectadas. ¿Por qué un aragonés que mañana estudie en fabla no podrá habría de poder acceder a unos estudios universitarios en una de las lenguas propias de su Comunidad?
Al margen de la brutal prioridad que obtendrán, automáticamente, ciudadanos de CC.AA. vecinas sobre los propios aragoneses, sobre todo para optar a empleo público, la cantidad de recursos en forma de dinero que deberá proveerse para dar adecuadamente dichos servicios públicos (carteles, folletos informativos, circulares, boletines, etc) nos empobrecerá radicalmente como región, y nuestros caciques podrán justificar sus políticas antisociales con la coartada de la lengua propia.

No hay que caer en la trampa de debatir si es apropiado llamarlo catalán o chapurreau, o si Cheso, Batués y Ansotano desaparecerán como variantes en pos de un aragonés de academia. Aquellos que incidan en ello, en realidad, están de acuerdo con el modelo, pero no con la etiqueta.

Bajo la excusa de conseguir una cosa perfectamente legítima, y que es que los menores sean escolarizados en su lengua materna, se nos cuela de rondón una terrible imposición. Si ésa fuera la razón, los hijos de magrebíes y rumanos (bastante más que hablantes de fabla) estarían amparados por este proyecto de ley. Por supuesto, existe otra trampa bajo las denominaciones que se han dado a las lenguas. Los que mirábamos con extrañeza un proceso de comarcalización sin ningún sentido en una Comunidad tan despoblada como la nuestra, ahora vemos en los límites comarcales fronteras administrativas que en breve serán políticas. No se nos escapa que, si el aragonés es la lengua de Aragón, el catalán lo es de Cataluña.

Ya no cabe ninguna duda de que el proyecto socialista, soterrado, para España, es Confederal. Ya podemos entonar un réquiem por el PSA, bienvenido el PSC. Ya no podemos, en Aragón, seguir viendo con la condescendencia de un padre los mapas políticos de los Països Catalans. Son una terrible realidad.